DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL 2025

Carta Abierta a los gobiernos, empresas, cooperación internacional y sociedad civil de Sudamérica

 

Las organizaciones que integramos la Marcha Global Contra el Trabajo Infantil en Sudamérica hacemos un llamado a recuperar la lucha contra el trabajo infantil como una prioridad en la agenda de los gobiernos, de las empresas y de la sociedad civil.

 

Lejos de haber cumplido la meta de erradicar las peores formas de trabajo infantil al 2025, el problema se ha incrementado. En la región, 8,2 millones de NNA de 5 a 17 años están en situación de trabajo infantil (UNICEF-OIT, 2020). De esta cantidad, 61.5% son niños y niñas de 5 a 13 años, por debajo de la edad mínima para trabajar. El 4.0%, que corresponde a 5,5 millones, realiza trabajos peligrosos con fuerte concentración en actividades agrícolas y extractivas. El comercio y servicios –especialmente doméstico–, engrosan también las estadísticas.  La niñez migrante, en particular de origen venezolano, enfrenta riesgos crecientes de explotación laboral, trata y exclusión social.

 

Es preocupante el estancamiento estructural y el cambio de prioridades políticas, así como la creciente desconexión entre los marcos normativos y el desfinanciamiento que impide su aplicación efectiva en los países de la región:

 

Argentina: No se ha actualizado el listado de trabajos peligrosos, dificultando la protección de los adolescentes que trabajan. Las estructuras como las COPRETI funcionan con recursos escasos y sin articulación nacional. Recortes de programas estatales dirigidos a la infancia.

 

Perú: Se actualizó la Lista de trabajos peligrosos, pero la elaboración de la Política Nacional se encuentra estancada. No se ha vuelto convocar la postulación al sello SELTI, herramienta de compromiso empresarial para eliminar el trabajo infantil en las cadenas de suministros.

 

Brasil: El FNPETI mantiene institucionalidad activa. La Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) fué reinstalada y se fortaleció la articulación con la fiscalización laboral. Entretanto, se redujo recursos para el enfrentamiento en nivel nacional.

 

Chile: La Ley 21.430 de Garantías de la Niñez ha comenzado su implementación. Sin embargo, aún no incorpora la especificidad del trabajo infantil como prioridad.

 

Colombia: Se elaboró una línea de política pública sobre PFI, pero no ha sido implementada en los territorios.

 

Ecuador: Sin avances legislativos recientes. Debilitamiento de la institucionalidad intersectorial y nulo financiamiento específico para esta agenda.

 

A los factores estructurales —pobreza, desigualdad, exclusión educativa— se han sumado nuevas amenazas: violencia armada, migración forzada, fragmentación institucional, ausencia de fiscalización y debilitamiento de políticas públicas.

                     

                           Ante esta grave situación, instamos a los Estados a:

• Reinstalar la prioridad política de la erradicación de las PFTI con presupuesto, metas e indicadores.
• Actualizar los listados de trabajos peligrosos y políticas  vinculadas.
• Fortalecer estructuras de articulación intersectorial.
• Garantizar derechos de la niñez migrante (educación, salud, documentación).
• Ampliar fiscalización laboral con enfoque en infancia.

                     

                           Pedimos a la Cooperación Internacional:

• Reconsiderar el recorte de financiamiento y sostener intervenciones preventivas.
• Generar herramientas alternativas para el financiamiento estrategias comunitarias y territoriales lideradas por organizaciones sociales.
• Apoyar herramientas tecnológicas, protocolos locales y formación intersectorial.
• Promover sistemas de debida diligencia con enfoque de derechos.

 

                           A las Empresas las convocamos a:

• Implementar sistemas de debida diligencia que garanticen el cumplimiento de las normativas de trabajo infantil y de los derechos de los/las trabajadores/as.
• Apoyar a los proveedores, especialmente a los pequeños productores, a cumplir con las normativas de debida diligencia.
• Co-responsabilizarse con la oferta de servicios de salud, educación y protección social dirigidos a la infancia.

 

         Nuestro compromiso desde la sociedad civil continúa firme para el desarrollo de metodologías de abordaje, incidencia en políticas, monitoreo y veeduría social.

               

Las alianzas y la búsqueda de mecanismos alternativos de financiación

son parte de nuestra gestión actual.